Puentes Quincenal • Volumen 5 • Número 2 • 29 de enero de 2008
Colombia-EE.UU.: Acuerdo encabezaría agenda comercial, a pesar de la oposición de algunos grupos
En un discurso pronunciado el pasado 17 de enero ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (EE.UU.), la Representante Comercial de ese país, Susan Schwab, anunció que el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con Colombia será el próximo que enviarán al Congreso para su aprobación. Al mismo tiempo, sindicatos de trabajadores de Colombia y los EE.UU. así como organizaciones de derechos humanos han reiterado su solicitud a las autoridades estadounidenses de no aprobar el APC.
En su alocución, Schwab enfatizó nuevamente el hecho de que el APC con Colombia, al igual que el negociado con Perú, lo que hacen es "nivelar el campo de juego" para los exportadores estadounidenses, y por tanto crea reciprocidad en las preferencias arancelarias que ya de por sí los EE.UU. le brindan a Colombia. "Un voto negativo [al APC] es un voto contra los exportadores de los EE.UU.", manifestó Schwab.
Agregó que a pesar de las críticas respecto a la incapacidad del gobierno colombiano por controlar la violencia sistémica, "varios estudios independientes muestran una película muy diferente". Citó como ejemplos el hecho de que la tasa de asesinatos está en su nivel más bajo de los últimos 20 años, así como que el número de secuestros cayó un 80% desde 2001, y los cerca de 45.000 "terroristas" desmovilizados, en cuenta cerca de 31.000 paramilitares.
Schwab aceptó que aunque aún la situación en Colombia no es la idónea, es necesario dar un voto de confianza al avance del país, y que la mejor forma en que los EE.UU. pueden cooperar con este esfuerzo, es promoviendo el crecimiento económico colombiano aprobando el APC.
Por otra parte, organizaciones sindicales de Colombia y los EE.UU. así como de derechos humanos se oponen fehacientemente a la aprobación del APC por parte del Congreso estadounidense. En un informe reciente, la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) dio a conocer información que según ellos mismos afirman "está claramente ausente en los informes revelados por el gobierno de Colombia". Dentro de los hallazgos del informe se destaca el hecho de que los 39 asesinatos de sindicalistas colombianos en 2007, colocan a este país con la tasa más alta a escala mundial. Agrega que las constantes amenazas de muerte a sindicalistas (201 en 2007) crean un clima de miedo que desincentiva a los trabajadores a organizarse, y a los sindicalistas a exigir sus derechos. Señala que los esfuerzos del gobierno colombiano por esclarecer los crímenes contra sindicalistas han sido insuficientes por cuanto existe un 97% de impunidad en los mismos. Los tres jueces especiales nombrados para llevar los casos relacionados con crímenes contra sindicalistas fueron despedidos al final de 2007. Finalmente, señala que en reiteradas ocasiones la Organización Internacional del Trabajo ha criticado al gobierno colombiano por su incapacidad en hacer valer estándares laborales internacionales, así como la propia legislación nacional en materia laboral.
De igual forma, Human Rights Watch solicitó al Congreso norteamericano que la ratificación del APC sea postergada "hasta que el gobierno colombiano demuestre obtener resultados concretos, significativos y sostenidos" en la reducción de la violencia.
En medio de una fuerte campaña en pro del APC por parte de autoridades colombianas y estadounidenses, y aprovechando una visita que la Secretaria de Estado de los EE.UU., Condoleezza Rice, hiciera a Colombia en compañía de senadores demócratas, Kennet Roth, director de la organización pidió a la Administración Bush exigir una serie de condiciones al gobierno colombiano antes de ratificar el APC. A pesar de que algunas de las condiciones están dirigidas a resguardar la seguridad de los sindicalistas, la mayoría están dirigidas a desmovilizar los grupos paramilitares que, según Roth, son los principales responsables de la violencia sindical. Dentro de las condiciones de la carta dirigida a Rice están temas como: reportar con veracidad información sobre paramilitares desmovilizados, medidas para que los paramilitares devuelvan bienes mal habidos, eliminar la comunicación de los jefes paramilitares encarcelados, enjuiciar a colaboradores de paramilitares, garantizar que los paramilitares cumplan sus sentencias de cárcel, impedir que los paramilitares bloqueen procesos de extradición y proteger a víctimas y testigos.
Reportaje ICTSD y CINPE, fuentes consultadas:
Human Rights Watch pide que el TLC se use para presionar a Álvaro Uribe a proteger sindicalistas. (2008, 24 de enero). El Tiempo. Consultado el 26 de enero de 2008, en http://www.eltiempo.com/politica/2008-01-25/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3931661.html
Parks, J. (2008). Violence Against Workers Still Rampant in Colombia. Consultado el 26 de enero de 2008, en http://blog.aflcio.org
Schwab, S. (2008). Remarks by U.S. Trade Representative Susan C. Schwab U.S. Chamber of Commerce. Washington DC.